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Nueva obligación legal: Registro de la jornada diaria de trabajo

La obligación empresarial de llevar a cabo un registro de la jornada diaria trabajada sólo se ha contemplado, hasta la actualidad, para los contratos de trabajo a tiempo parcial y para los trabajadores que realizaran horas extraordinarias.

El Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET) estableció la obligación de las empresas de registrar día a día, y de totalizar mensualmente, la jornada de los trabajadores a tiempo parcial, debiendo entregar una copia del resumen de todas las horas realizadas en cada mes, tanto las ordinarias como las complementarias, junto con el recibo de salarios, y con la obligación de conservar los resúmenes mensuales de los registros de jornada durante un periodo mínimo de 4 años; el incumplimiento de dichas obligaciones, además de la correspondiente sanción administrativa, suponía la presunción de haberse celebrado el contrato a jornada completa, salvo prueba en contrario que acreditara el carácter parcial de los servicios.

Por otra parte, tampoco se establecía obligación alguna en relación a los trabajadores a jornada completa que no realizaran esos excesos en el tiempo de trabajo. Sin embargo la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, realizando una interpretación amplia o extensiva del Art. 35.5 del ET, viene requiriendo a las empresas inspeccionadas la creación de un registro diario de la jornada de los trabajadores a tiempo completo, por considerar que su inexistencia impedía constatar si se producían o no prolongaciones de jornada en dichas empresas, en vista de lo cual las organizaciones sindicales con implantación en las mismas empresas inspeccionadas (banca), promovieron la aplicación general de lo dispuesto en el citado artículo, al constituir elemento probatorio para el cómputo de las horas extraordinarias de cada trabajador. Este criterio fue el adoptado por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que estimó las demandas de las organizaciones sindicales señalando que el registro de jornada diaria, con la entrega consiguiente de los resúmenes diarios de jornada a cada trabajador, es el presupuesto constitutivo para controlar los excesos de jornada.

Con posterioridad la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en sus sentencias de  23/03/2017, de 20/04/2017 y de 20/12/2017, desautorizó aquellos pronunciamientos de la Audiencia Nacional, determinando la imposibilidad de “llevar a cabo una interpretación extensiva del art. 35.5 del ET”para concluir que “la falta de llevanza, o incorrecta llevanza del registro, no se tipifica por la norma como infracción de forma evidente y terminante, lo que obliga a una interpretación restrictiva y no extensiva de una norma sancionadora”.

Aunque el Tribunal Supremo revocó las Sentencias de la Audiencia Nacional, reconoció la conveniencia de proceder a una reforma legislativa que clarifique la obligación de llevar un registro horario para así facilitar al trabajador la prueba de la realización de las horas extraordinarias, dejando así la puerta abierta para que el legislador estableciera una obligación expresa en aquel sentido.

Esta sugerencia del alto Tribunal ha visto la luz con el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, que ha procedido a modificar el Art. 34 del vigente ET, y de manera correlativa, el Art. 7 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, adaptándose la nueva regulación a la normativa europea.

De esta manera, la nueva regulación, obliga a todas las empresas y respecto a todo su personal (y no como hasta ahora, solo respecto a los trabajadores con contratos a tiempo parcial o que realizaran horas extraordinarias) a llevar un “registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora. Dicho registro, que se organizará y documentará en los términos que se prevean por la negociación colectiva o, en su defecto, por decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores, deberá conservarse durante cuatro años, permaneciendo a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La modificación del Art. 7 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, tipifica como infracciones graves las derivadas de los incumplimientos relativos al registro de jornada, siendo sancionables con multa de 626,00 a 6.250,00 euros.