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Bienvenidos a nuestro espacio de comunicación en el que le presentamos información que esperamos sea de su interés. Ramón Lleonart.

Un Tsunami en el Tribunal Supremo. Las hipotecas y el impuesto que las grava.

El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en una de sus decisiones más discutidas de los últimos tiempos, ha corregido la interpretación que quince días antes tomó la Sección Segunda de dicha Sala, que anuló un artículo del Reglamento del impuesto (consecuencia: el impuesto que grava las hipotecas debía ser pagado por el banco), volviendo a la postura anterior (el impuesto debe pagarlo el cliente del banco). Y ahora el Gobierno ha decretado lo contrario. A ver si nos aclaramos.

Nos llama la atención que un artículo de un reglamento se pueda anular un día y reactivarse dos semanas después. Parece poco serio y, dadas las consecuencias que de dicha decisión se desencadenan, quizás tal conducta merezca los honores de acometer una reforma legislativa seria y en profundidad. Incluso el presidente del Tribunal Supremo ha reconocido que la gestión del conflicto no ha sido ejemplar, generando en la ciudadanía un sentimiento de falta de credibilidad en las instituciones de la administración de justicia.

La decisión que comentamos es otra prueba más que viene a demostrar la flaqueza de este modo de adquirir la propiedad, mediante un préstamo hipotecario que, si bien ha facilitado a muchos ciudadanos el acceso a la titularidad de una vivienda, ha permitido tanto su financiación incluso por encima de sus posibilidades reales de pago, como la redacción de cláusulas improcedentes a la hora de contratar la hipoteca (cláusula suelo, intereses abusivos, restricciones a la libre competencia), provocando que cualquier intervención de los tribunales de justicia se transforme en un tsunami en el mundo financiero.

Con esta sentencia ni gana la banca (véase la bajada en las cotizaciones en la Bolsa), ni los ciudadanos (no van a recuperar el impuesto satisfecho), y quien realmente pierde credibilidad es la justicia. Eso sí, los movimientos populistas ya tienen nuevos horizontes para descubrir.

De otra parte cabe considerar que la adquisición de una vivienda (costumbre muy arraigada en nuestras tierras) mediante cualquier título, ya sea oneroso (compraventa, permuta, etc.), lucrativo (donación, herencia), inter-vivos o mortis causa, ha sido objeto de gravamen o, lo que es lo mismo, de transformación en máquina recaudatoria para alimentar las arcas del Estado (tributación de las ganancias patrimoniales en el IRPF/I. Sociedades), de las autonómicas (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados) y de las locales (Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, también conocido como Plusvalía Municipal), conducta que para nada facilita el derecho constitucional al acceso a la vivienda digna.

Y la solución que nos ofrece el gobierno de turno es tan simple como trasladar la carga tributaria al prestamista: “a partir de ahora este Impuesto (el que grava las hipotecas) lo pagará el banco, y permaneceremos en estado de alerta vigilando su comportamiento”. ¿De verdad te lo vas a creer? ¿Estás convencido de que, más pronto o más tarde, no te van a cobrar más comisiones, o a subirte el tipo de interés, o a exigirte la contratación de más productos bancarios?

Y para que no se hable más del tema, te voy a prohibir los coches que consuman gasoil, gasolina, gas natural o licuado, e incluso los híbridos, a ver si en las tertulias dejamos de tocar las narices con las hipotecas. A los más antiguos del lugar esta postura no nos es desconocida, cuando el que mandaba hacía hablar de fútbol para que no se comentaran otros temas.

Tal vez haya llegado la hora de recomponer seriamente el marco legal y emprender una reforma sensata y prudente de la normativa que regula esta materia, en beneficio del tráfico y de la seguridad jurídica de los ciudadanos.