Quieto parado, no sigas por ese camino: valoraciones de inmuebles efectuadas por la administración.

Nuevamente son los tribunales quienes tienen que meter en vereda a Hacienda. Esta vez le ha tocado el turno al Tribunal Económico-Administrativo Regional de Illes Balears, que ha tomado la decisión de pararle los pies a la hacienda autonómica.

El “quid de la cuestión” radica en la forma en que la administración practica las valoraciones de los inmuebles cuando son motivo de una transmisión, tanto “inter vivos” (compraventas, donaciones, permutas, etc.) como “mortis causa” (herencias, legados), lo que afecta al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y al Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

La valoración de los inmuebles (o derechos sobre los mismos) objeto de transmisión se viene haciendo, en nuestra Comunidad Autónoma, de forma automática por los técnicos de la Agencia Tributaria de les Illes Balears, organismo dependiente de la Consellería d’Hisenda i Administracions Públiques (en su denominación actual y sujeta a cambios en su apelativo en función del Govern que la determina). Incluso en su página web tienen “colgada” una aplicación informática que “facilita” al contribuyente la determinación de la valoración del inmueble que le servirá de base para efectuar el pago del impuesto correspondiente. En función de unos parámetros pre-establecidos (superficie, valor catastral, disponibilidad y antigüedad, entre otros) te señalan automáticamente un valor por el cual vas a tener que determinar tu cuota de impuesto a pagar.

Y es precisamente este automatismo en la fijación del método usado para determinar el valor lo que ha sido tenido en cuenta por los tribunales para pararle los pies a los órganos de Hacienda (Estatal, Autonómica y Local). Lo que no puede admitir el contribuyente es que el actuario tome el valor catastral del solar, lo multiplique por dos y, tras aplicar al resultado unos costes de edificación y coeficientes correctores (que al simple mortal le resultan de imposible comprensión, aunque haya realizado una atenta y escrupulosa lectura del expediente de comprobación de valores) el funcionario de turno, que ni siquiera ha visitado el inmueble en cuestión, ni tiene en cuenta la zona en que está situado, incluso ni el precio satisfecho y que, además, no lo ha visto ni en pintura, determina el valor comprobado del inmueble, a veces incluso superior al realmente pagado en la compraventa, que si es superior al declarado dará lugar a una propuesta de liquidación. Eso sí, el contribuyente tendrá derecho a ser oído, cuando menos.

Pues bien, lo que señalan los tribunales (ya se pronunció extensivamente a este respecto con anterioridad el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, en sentencia de fecha 23/05/2018) es que el método de comprobación consistente en la estimación por referencia a valores catastrales, multiplicados por índices o coeficientes no es idóneo, por su generalidad y falta de relación con el bien concreto de cuya estimación se trata, para la valoración de bienes inmuebles en aquellos impuestos en que la base imponible viene determinada legalmente por su valor real, salvo que tal método se complemente con la realización de una actividad estrictamente comprobadora directamente relacionada con el inmueble singular que se someta a avalúo. La propia sentencia dispone “la Administración ha reemplazado con carácter general un medio de comprobación que adolecía de ciertas imperfecciones y exigía un alto coste de gestión para las comunidades autónomas, por una actividad que no puede ser considerada, ni etimológica ni jurídicamente, como un medio de comprobación (arts. 57 y 135 LGT), pues pese a la dicción legal, no se ejercita realmente la facultad de comprobar los valores cuando se desconfía del valor declarado por el contribuyente -acertado o no, veraz o falso, pero referido desde luego a un bien singular y concreto- y en su lugar se sustituye dicho valor por otro de superior cuantía, basado en fórmulas abstractas hasta lo cabalístico”.

¿Quiere esto decir que puedo reclamar y solicitar lo que me hicieron pagar de más?

Poder, puedes. Pero el resultado también puede ser infructuoso, ya que “el que calla, otorga”. Si en su momento procesal oportuno no te opusiste a la valoración practicada por el perito de la administración, la diste por buena prestando conformidad.

Hay que coger el tren cuando pasa; si ya pasó, no estás a tiempo.