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Bienvenidos a nuestro espacio de comunicación en el que le presentamos información que esperamos sea de su interés. Ramón Lleonart.

Conozca la ley de vivienda 5/2018 de las Illes Balears.

Esta Ley contiene aspectos muy importantes a tener en cuenta, desde el punto de vista práctico, que afectan a compradores, vendedores, arrendadores y arrendatarios, así como a los agentes del tráfico inmobiliario.

Su finalidad es hacer efectivo, en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Illes Balears (en adelante CAIB), el derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible reconocido en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, de acuerdo con los estándares del derecho internacional de derechos humanos.

Se crea un Registro de Viviendas Desocupadas, definiendo como tal “la vivienda que permanece desocupada de manera continuada durante un tiempo superior a dos años, sin ninguna causa que justifique su desocupación, según establece esta ley y su normativa de desarrollo”. El objeto de este Registro es ejercer el control y el seguimiento de las viviendas que se encuentren en situación legal de desocupación y correspondan, por cualquier título, a grandes tenedores de viviendas.

Especial atención merece quien la misma ley define como “gran tenedor de viviendas”, esto es, “las personas físicas o jurídicas que, por sí mismas, de manera directa, o indirectamente a través de la participación en otras sociedades o grupos de sociedades de las que tengan el control efectivo, disponen de diez o más viviendas, en el ámbito de las Illes Balears, en régimen de propiedad, alquiler, usufructo o cualquier otro derecho que los faculte para ceder su uso, y que tengan como actividad económica la promoción inmobiliaria, la intermediación, la gestión, la inversión, la compraventa, el alquiler o la financiación de viviendas”.

A este “gran tenedor de viviendas” se le impone la obligación de “enviar a la consejería competente en materia de vivienda la relación de viviendas desocupadas a fin de que se inscriban en el Registro”, detallando determinada información, incluso obligándole a comunicar la desocupación de las viviendas en el plazo de tres meses. Esta inscripción en el Registro la efectuará de oficio la administración en caso de que se identifiquen viviendas desocupadas no inscritas, con independencia de la sanción que pueda corresponder.

¿Cómo podrá la administración recabar información relativa a la desocupación de una vivienda? Está previsto en la Ley:

  • Solicitando la colaboración a cualquier persona física o jurídica que pueda aportar información; particularmente, las compañías suministradoras y las entidades gestoras de los servicios de agua, gas, electricidad o telecomunicaciones en relación con los consumos anormales de los servicios suministrados.
  • Utilizando datos del padrón municipal.
  • Obligando a los notarios, los registradores de la propiedad y otros funcionarios públicos a informar con relación con los actos, las escrituras u otros documentos, a fin de conocer al titular de la vivienda.
  • Requiriendo a las personas físicas o jurídicas relacionadas con la promoción y la intermediación inmobiliaria con respecto a la información que sea relevante para determinar el destino o el uso de las viviendas.
  • Recabando la información a las comunidades de propietarios y los administradores de fincas.

De capital importancia es el contenido del artículo 42, en cuya virtud “Los grandes tenedores que dispongan de inmuebles inscritos en el Registro de viviendas desocupadas cederán su gestión al Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), por un plazo mínimo de tres años, prorrogable por mutuo acuerdo de las partes, siempre que se verifiquen las siguientes circunstancias objetivas:

a) Cuando exista una necesidad objetiva de vivienda o se den dificultades de acceso a la misma por parte de la ciudadanía, anteponiendo el interés público general al particular del gran tenedor, hecho que se entenderá acreditado siempre que existan personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda del IBAVI cuyas peticiones no puedan ser atendidas con el parque de vivienda pública disponible.

b) El número de personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda pública cuya solicitud no haya podido ser atendida durante el último año constituirá el límite máximo del número de viviendas desocupadas sobre las que se puede reclamar su cesión al IBAVI.

c) Cuando las medidas adoptadas por las diferentes administraciones públicas para resolver los problemas de acceso a la vivienda no sean suficientes para atender la necesidad objetiva de vivienda, se podrá exigir a los grandes tenedores la cesión de viviendas desocupadas.

d) Se deberá garantizar en todo caso una justa compensación a los grandes tenedores por las viviendas desocupadas que se cedan al IBAVI, que podrá ser superior a la renta de alquiler que pague el arrendatario de la vivienda. Esta compensación no puede superar el precio máximo de alquiler de vivienda protegida ni el precio de alquiler de mercado que se determine.

e) La cesión de viviendas desocupadas queda limitada por las disponibilidades presupuestarias del IBAVI”.